120 AÑOS DE CÁRCEL:

Alrededor de 300 trabajadores podrían ingresar en prisión por participar en huelgas

El recrudecimiento exponencial de la represión contra la clase trabajadora se ha hace cada vez más evidente en el intento recalcitrante de criminalizar el derecho a huelga. 

Recurriendo en muchos casos al artículo 315.3 del Código Penal que establece penas de hasta tres años de cárcel para todo aquel que “actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Una ley casi siempre utilizada de forma arbitraria y desmesurada.

El Ministerio Público pide un total de 120 años de cárcel en 13 de las 17 comunidades autónomas para participantes en las pasadas huelgas. Las penas se aplican a actos como arrojar pintura a una piscina o la participación en piquetes informativos. En muchos casos los denunciantes afirman que las penas son totalmente desproporcionadas. 

Los sindicatos denuncian una estrategia de criminalización con el fin de “meter miedo” y coaccionar el derecho a huelga. 

La violencia de clase ejercida contra los trabajadores por parte de la burguesía y sus gestores alcanza progresivamente niveles históricos, en los que los derechos conquistados por la clase obrera se ven sistemáticamente cuestionados y agredidos por el Estado burgués. La huelga como herramienta principal de lucha obrera se ha convertido en un objetivo recurrente para los medios de represión, en un intento de privar de sus medios de lucha a los trabajadores frente a la oleada de recortes ejecutada por el gobierno y orquestada por los monopolios.

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